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Los razonamientos de D. Carlos y el mercado de seguro de crédito

 

Roque San Severino

Junto con D. Luis, el magistrado, el otro pilar de las leyes, en Balmaseda, era D. Carlos, el notario. Venido de Tafalla, arraigó en la Villa tras enamorarse de una viuda con residencia en la Plaza del Marqués, sin que las comadres, que mucho abundan por estos pagos, puedan decantarse en un sentido u otro acerca del alcance de esta relación. El caso es que D. Carlos, poseía una enorme perspicacia y habilidad analítica, seguramente resultado de su experiencia en bucear entre archivos y legajos para desenterrar escrituras primigenias de particiones litigadas por generaciones o de testamentarías condenadas a un “pro indiviso” empobrecedor desde tiempos del Señor de Castilla. Sin embargo, esta capacidad, lejos de obrar en su favor, en las discusiones de casino, empobrecía su discurso, preñado de argumentaciones que él mismo, con irreprochable honestidad y solidez intelectual, se encargaba, recién formuladas, de rebatir, haciendo que sus interlocutores se debatieran entre dudas y sin nunca alcanzar el alivio de una conclusión. Nunca faltaba alguien con ganas de maldecir su brillantez y de obligarle a que se decantase por una u otra de las muchas soluciones que, con soltura e intrepidez, manejaba de manera simultánea.

Algo similar puede ocurrir en el incipiente debate sobre la reforma del entramado institucional de financiación de exportaciones. Las ganas de alcanzar una conclusión pueden cegar nuestro criterio y, al igual que los interlocutores de D. Carlos, apremiar una solución que no responde a la verdadera naturaleza del problema. En el momento actual, coinciden una serie de circunstancias que hacen este debate no sólo inevitable sino, incluso, deseable.  Dentro de esta arquitectura, la piedra angular es CESCE, proveedora de un instrumento básico en la canalización de recursos bancarios hacia la financiación de exportaciones, como es el seguro de crédito a la exportación, y la reforma de la misma, tras la necesaria reflexión e imprescindible debate, parece ineludible, pues, en particular, existen dos fuerzas que condicionan la  continuidad inalterada del modelo, tras cuarenta años de vigencia:

1. El efecto distorsionador de la competencia en el mercado del seguro de crédito, tanto interior como a la exportación, que pueda estar generando la actividad actual de CESCE.

2. El nuevo panorama financiero que se desprende de la próxima entrada en vigor del nuevo mecanismo disciplina bancaria consustancial a las normas de Basilea III.

A estos interrogantes, la respuesta, que lleva rondando las cabezas de los que se ocupan de estos asuntos,  es, desde hace casi 15 años, prácticamente, automática, refleja y, por ende, no siempre suficientemente reflexiva: la privatización de CESCE. Es posible que ésta sea una respuesta correcta a una pregunta equivocada o, por lo menos, una pregunta que hoy ya nadie formula.

CESCE nació, como instrumento imprescindible para la financiación de exportaciones,  como efecto de la crisis política e institucional originada por el caso MATESA. En aquel momento, haciendo tabla rasa de todo lo anterior, el legislador decidió construir el sistema de seguro de crédito a la exportación “ex novo”, con una nueva compañía, creada por ley, y que gozaba del monopolio de todo un ramo de la industria aseguradora como era el seguro de crédito al exportación, en todos sus tramos y por todos sus conceptos.

Esta estructura, que funcionó con enorme eficiencia, experimentó un primer cambio fundamental cuando, en 1990, desaparece este monopolio legal y se admite que otras compañías actúen en este ramo de la actividad aseguradora, abriéndolo a la competencia y preservando para CESCE el monopolio de la contratación por cuenta del Estado de determinados riesgos políticos y comerciales, previamente definidos. Un segundo cambio estructural del edificio surgió, ya en 1992, cuando CESCE inauguró una nueva línea de actividad, como era el seguro de crédito interior, abriéndose,  nuevamente, a la competencia con los operadores privados que explotaban este mercado. Por un lado, el mercado en que, efectivamente, ha operado la Compañía ha evolucionado en sus cuarenta años de historia sin que su superestructura institucional haya variado. Por otro, la evolución de su actividad, como hemos visto, muestra una tendencia, curiosamente, contraria a la de la mayor parte del sector público empresarial español, ampliando, de manera progresiva, su espectro de competencia con el sector privado, en lugar de reducirlo, dando lugar a tensiones y críticas por parte de éste. Pero también es cierto que no resulta muy procedente criticar irreflexivamente a esta evolución, pues responde, con alto grado de brillantez y eficacia, a necesidades específicas de los momentos concretos en que se tomaron las correspondientes decisiones.

Históricamente,  como se ha adelantado ya, la respuesta a las posibles contradicciones y contraindicaciones derivadas de la creciente actividad competitiva de CESCE ha sido la privatización de la compañía, esto es, la reducción o, posiblemente, la eliminación de la participación pública en el capital de la sociedad y la permanencia de la actividad que realiza por cuenta del Estado bajo el marco de un contrato-programa. Este modelo tendría como referencia tradicional y matizada, básicamente, los modelos francés y alemán. Sin embargo, cabe plantearse si esta respuesta es la más conveniente para la pregunta que hoy, realmente, se formula el mercado.

Efectivamente, desde un planteamiento económico y no simplemente formal, la verdadera pregunta no es si las posibles distorsiones que registra el mercado del seguro de crédito tanto interior como a la exportación, en España, surgen de la participación pública en el capital de la compañía sino, y éste es el auténtico núcleo central del debate,  si estas distorsiones tienen su origen en la simultaneidad, en una compañía e independientemente de la composición de su capital, de dos líneas de negocio, una en régimen de monopolio legal, la que CESCE realiza por cuenta del Estado, y otra en régimen de competencia, la que desarrolla con cargo a su propio balance. En esta segunda hipótesis, la distribución del capital no resulta central para el debate en vigor ni determinante de la subsiguiente solución.

Cualquier institución del sector público ha de someterse, periódicamente, a un ejercicio de “soulsearching”, esto es, de buscar y, eventualmente, encontrar su lugar en este mundo y con más motivo si entra en competencia directa con la actividad privada. En este sentido, desde un punto de vista de justificación de la actividad pública, el criterio de valoración no puede ser, sencillamente, la calidad de las prestaciones sino su adicionalidad y ello obliga a preguntarse qué adicionalidad tiene el actual modelo de CESCE sobre otras posibles alternativas. ¿Se ha valorado la posibilidad de que, como antaño ya hizo una importante ECA, se venda la cartera que entra en competencia con el sector privado y que, después, la compañía, con capital público o mixto, realice, exclusivamente y en exclusiva, la contratación de riesgos por cuenta del Estado? ¿Se ha analizado la viabilidad de un modelo consistente en que CESCE deje de operar al por menor, convirtiéndose en un reasegurador por cuenta del Estado de los riesgos comerciales y políticos que éste defina y que comercialice el sector privado? ¿Es posible que la actual crisis financiera, caracterizada por el hundimiento del mercado interbancario y las exigencias de fondeo público de la financiación de exportaciones, como se formularon en la pasada Cumbre de la Internacionalización, aconsejen un “revamping” global del sistema de crédito a la exportación y la creación de un “eximbank” que ofrezca al sistema bancario, de manera simultánea y coordinada, el fondeo y el seguro para sus operaciones de crédito a la exportación? ¿Es realista considerar  que la reciente y creciente ola privatizadora, impulsada por la necesidad de mayores ingresos públicos, por sí sola, justifique un cambio del actual modelo? ¿Hay otros modelos mejores o, por el contrario y todo es posible, el presente es el mejor de todos, una especie de óptimo paretiano que sólo deja descontentos a cuatro liberales académicos?

CESCE ha sido, a lo largo de sus primeros cuarenta años de historia, un auténtico ejemplo de eficacia en el desempeño de la actividad mandatada; una verdadera historia de éxito, en términos de eficiencia y eficacia, de la iniciativa económica pública en España y con el infrecuente mérito añadido de la escasez de voces discrepantes al respecto. Sin embargo, las circunstancias actuales presentan una verdadera ventana de oportunidad para el análisis de las posibles alternativas de reforma y la superación de soluciones más instintivas que reflexivas,  dando respuesta a realidades básicas del sector exterior español, de la nueva regulación financiera que se nos aproxima y de la estructura real del mercado mundial del seguro de crédito y su reflejo en España. Así, se han de evaluar los diferentes escenarios y, con realismo y honestidad intelectual, como D. Carlos, en sus exhaustivas y arborescentes exposiciones, diseñar y seleccionar la mejor respuesta a una necesidad de cambio cada día más patente, huyendo de reflejos condicionados más por la tradición que por la reflexión.