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Empresas, sentencias y riesgo político: la necesidad de aclarar conceptos

Magdalena Cadagua

El riesgo político es una componente básica de los negocios internacionales. Sin embargo, una concepción errónea del mismo puede conducir a decisiones empresariales equivocadas. 

Vienen por rachas, como las olas, las noticias acerca del creciente número de laudos y sentencias que condenan a España a compensar a los inversores en energías renovables, por efecto de las modificaciones introducidas por sucesivos gobiernos a las condiciones de rentabilidad originalmente ofrecidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Hasta aquí, poco hay que objetar y, sencillamente, hay que limitarse a reconocer la verdad de la noticia, que no por novedosa, era menos esperada.

Sin embargo, las discrepancias y disensiones surgen en el colofón, en el componente analítico de dichas noticias y más concretamente, en la interpretación, errónea, de que dichas sentencias y laudos ponen de manifiesto la escasa seguridad jurídica imperante en España y, por ende, en el alto grado de riesgo político al que se exponen los inversores en España. Dicha interpretación de ambos conceptos es equivocada, con independencia del interés al que sirva.

El riesgo político, en el marco de una democracia, no se mide en función de los actos de la Administración sino en función de que dichos actos sean susceptibles de ser cuestionados y, en su caso, revocados por las oportunas instancias judiciales. Así, hasta que la última instancia judicial se haya pronunciado, no cabe conclusión fundamentada alguna en torno al nivel del riesgo político para inversores extranjeros. En el caso concreto de la mayor parte de las reclamaciones por inversiones en renovables, aún estamos lejos de esa última instancia judicial.

Abundando en esta idea, cabe recordar que una gran parte de las sentencias que recoge la prensa están pronunciadas por instancias multilaterales o arbitrales internacionales a las que, de manera voluntaria, se han sometido los poderes públicos españoles. En ambos casos, esta sumisión implica una clara cesión de soberanía, que resta capacidad discrecional al Estado y que, por tanto, contribuye a alejar la sombra del riesgo político.

Por consiguiente, es imprescindible tener estos factores en cuenta cuando se habla, en el mundo económico, de inseguridad jurídica y de riesgo político. Éste es una constante en cualquier transacción internacional, ya sea comercial o de inversión y ha de ser gestionado, como cualquier otro riesgo, en función de su potencial impacto sobre la empresa. Pero olvidarse de su verdadero significado e implicaciones conlleva otro riesgo: el de las decisiones empresariales equivocadas.