Los países del Golfo o las nuevas rutas de la política española de internacionalización
Roque San Severino
Balmaseda, por ser de tierra adentro, ha añadido pocos nombres al ilustre listado de marinos vizcaínos; pero, bajo la dirección de un lugareño de la villa, el hijo del magistrado, una importante naviera vizcaína viró, desde el negocio general de la carga seca, hacia el transporte de petróleo, con la consiguiente alteración de rutas. Así, los navíos de dicha compañía pasaron de transportar grano desde Nueva Orleans a navegar las aguas del Golfo de Omán y del Golfo Pérsico, donde, con no pocos riesgos y avatares, embarcaban el petróleo que alimentaba las refinerías españolas. Una alteración similar de rutas está experimentando la política española de internacionalización.
El interés de las empresas españolas por los países árabes ha conocido importantes fluctuaciones en los últimos años. Los más viejos del lugar y de la profesión aún recuerdan la segunda mitad de la década de los ochenta y principios de la de los noventa, cuando las empresas españolas centraron una parte importante de su actividad exterior en los países árabes y, más concretamente, en los del Magreb.
En aquel momento, fuertemente condicionado por dos rasgos característicos como fueron las dificultades financieras de estos países y el alto nivel de riesgo político, las empresas españolas gozaron de algún privilegio relativo, consistente en un acceso comparativamente fácil a la financiación de exportaciones con apoyo oficial.
Por motivos básicamente geopolíticos, las autoridades españolas mantuvieron abiertas importantes facilidades financieras, tanto comerciales como concesionales, con estos países, en momentos en los que la mayor parte de los países de la OCDE restringieron su riesgo.
A su vez, las empresas españolas respondieron a estos estímulos diferenciales desarrollando una intensa actividad comercial, que sólo a lo largo de la segunda mitad de la década de los noventa evolucionó hacia la inversión directa, centrada, fundamentalmente, en Marruecos y coincidiendo, en gran medida, con los importantes esfuerzos de apertura política y normalización jurídica que, en esas fechas, llevó a cabo este país.
Este modelo, aunque fundamentado sobre bases circunstanciales, dio importantes resultados en términos operativos y de presencia de empresas españolas, respondiendo, en gran medida, a los criterios y objetivos geopolíticos que lo auspiciaron.
Sin embargo, a partir de los últimos años de la década de los noventa los planteamientos geopolíticos españoles en la zona experimentaron importantes cambios, en los que el incidente de Perejil no es sino una estruendosa anécdota, y donde priman planteamientos estratégicos de gran calado como la política anti-terrorista, ya presente y determinante en etapas anteriores, aunque con un enfoque radicalmente diferente, y la política de control de la inmigración. No parece una exageración afirmar que la política exterior española en la zona ha conocido una marcada evolución hacia el realismo, pasando de fundamentarse en conceptos genéricos como la presencia y la imagen de España a gestionar intereses específicos ligados a políticas sectoriales concretas.
Adicionalmente, la presencia y crecimiento de nuevos instrumentos y agentes de la política de de ayuda al desarrollo y la propia evolución económica de estos países determinan que la tradicional política española de presencia a través de una intensa actividad empresarial y comercial, incluso en malentendida competencia con otros socios comunitarios, pierde relevancia. Así, si antes la cooperación empresarial era el eje básico y, ciertamente, el más espectacular de las relaciones bilaterales con estos países, en el contexto actual esta relevancia ha decaído en términos relativos, al experimentar una significativa ampliación la panoplia de instrumentos y ámbitos de cooperación, en el marco de unas relaciones crecientemente complejas, con múltiples aristas y puntos críticos de potencial conflicto.
En este contexto, se detecta, en instancias públicas, una nueva ofensiva que pretende intensificar la presencia empresarial española en los países árabes, aunque existen marcadas diferencias con la que se registró hace una década. Por de pronto, el enfoque geográfico es diferente, pues si antes el acento se ponía en el Magreb, ahora el énfasis se centra en los países del Golfo, que conocen una nueva época dorada, alimentada por los elevados precios de los productos petrolíferos. No solamente es el potencial económico de estos países sustancialmente superior a los del Magreb, por efecto de esa inyección simultánea de riqueza y de liquidez que representa el aumento de los precios energéticos, sino que estos países presentan dos atractivos adicionales.
Desde un punto de vista oficial, las relaciones bilaterales son sustancialmente menos complejas; en consecuencia, el componente económico cobra una extraordinaria importancia relativa para convertirse, en gran medida, en la piedra angular de estas relaciones bilaterales. Desde la óptica de las empresas privadas, la estrategia de penetración y presencia en estos nuevos mercados árabes es, en principio, más sencilla de articular, al centrarse, aunque con salvedades y excepciones, en la comercialización, sin exigir el recurso a la inversión directa de producción o comercialización. En las actuales circunstancias de aumento del coste de capital, esta posibilidad supone un importante ahorro en costes y riesgos para las empresas exportadoras.
Como se ha señalado, existen excepciones a este principio de que las relaciones económicas con los países del Golfo tendrán, esencialmente, un carácter comercial, como sucede en el ámbito de los grandes proyectos, en los que, por el contrario, resulta previsible que asistamos a un fenómeno de refuerzo de la complejidad y de las exigencias de inversión directa de las operaciones a través de la generalización de operaciones de Public-Private Partnership (BOT, BOO, BLT, etc.) y concesiones, en la medida en que los marcos jurídicos y los sistemas judiciales de estos países evolucionen hacia los estándares internacionales.
Asimismo, acudiremos a complejas operaciones de “project finance”, ligadas al desarrollo y ampliación de las capacidades industriales de estos países, particularmente en el ámbito de la industria básica y del “downstream” de la industria petrolífera, en una previsible política enfocada hacia la maximización del valor añadido local.
Adicionalmente, a diferencia de las operaciones de similar entidad llevadas a cabo en la zona del Magreb en el curso de la década de los noventa, caracterizadas, por regla general, por ser simples operaciones de suministro con un cliente encuadrado en el sector público, en este caso no cabe esperar que exista ningún tipo de ventaja comparativa derivada de un mayor apoyo oficial y ello por dos razones:
1. El margen para practicar dicho apoyo oficial diferencial se ha erosionado muy sustancialmente en el curso de los últimos diez años, tanto por la evolución de la normativa internacional en materia de financiación de exportaciones como por las propias políticas españolas de aplicación de estas facilidades financieras.
2. En el caso del Magreb, la anteriormente mencionada complejidad de las relaciones bilaterales proporcionaba un marco político objetivo que justificaba este tratamiento preferencial. En el caso de los países del Golfo, la mayor simplicidad del cuadro de relaciones bilaterales hace imposible justificar una política de relaciones económicas bilaterales basada en una estrategia de tratamiento diferencial.
Sin embargo, este ejercicio de modelización, de representación simplificada de la realidad, del nuevo componente de la política de relaciones económicas con los países árabes no quedaría completo si no se encuadrara en el marco más general de una política de promoción de exportaciones y de internacionalización de las empresas españolas.
En este sentido, es preciso señalar que esta novedad que supone la identificación de los países del Golfo como destinatarios prioritarios de los instrumentos públicos de apoyo a la actividad exterior de las empresas españolas se produce como una adición a las prioridades ya identificadas. Esto invita, en primer lugar, a preguntar si estas prioridades adicionales se corresponden con un aumento de las dotaciones presupuestarias que permitan compaginar éstas con las demás prioridades geográficas previamente identificadas a través de los llamados PDIM o, en su defecto, si se ha producido una reordenación de dichas prioridades, sustituyendo estas nuevas a otras.
El proceso de identificación de mercados por parte de las autoridades comerciales españolas precisa un análisis estratégico metodológicamente sólido, que incorpore fases de evaluación y control que, a su vez, permitan ordenar las prioridades identificadas y adecuarlas a una realidad en evolución. Lo contrario es una sucesión de planes país que, sin consistencia ni continuidad, periódicamente se suceden y acumulan en el tiempo, evocando inevitablemente un sentimiento de “here we go again” que obra en detrimento de su efectividad.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, es preciso plantear si los instrumentos públicos de fomento de la actividad exterior de las empresas están verdaderamente adecuados a esta carga adicional que supone la incorporación de los países del Golfo a la lista de objetivos de la política española de internacionalización. Este punto es particularmente relevante si se tiene presente el giro hacia clientes privados y preeminencia del riesgo comercial que tiene la iniciativa que comentamos. En particular, los instrumentos de financiación de exportaciones han demostrado, históricamente, su capacidad para asumir los riesgos derivados de los clientes públicos; ahora, la preeminencia de los clientes privados obliga a un giro en su operativa y, posiblemente, en su modelo de negocio.
Por último, es importante subrayar que esta nueva iniciativa tiene una importante implicación como es que supone insistir en el ya tradicional modelo país-sector que ha configurado la política española de internacionalización a lo largo de los últimos treinta años y, a la vez, representa una nueva ocasión perdida para la introducción de un giro significativo a esta política a través de la introducción de criterios de competitividad, de clusters y de planes de empresa. Así, lejos de suponer una novedad, esta iniciativa es un nuevo capítulo de un libro ya histórico.
El cambio introducido por aquel ilustre balmasedano en el modelo de negocio de la anteriormente citada naviera vizcaína dio a esta empresa un impulso de continuidad que duró, prácticamente, veinte años. Esperemos que un giro equivalente de la política española de internacionalización tenga, al menos, los mismos efectos.
