Visados e internacionalización
Atrium
Recientemente se publicó en el diario ABC un artículo del embajador Melitón Cardona, encargado por el gobierno de diseñar y coordinar la reforma del servicio exterior, que hace un repaso de la reforma del Servicio Exterior, enumerando las Embajadas y Consulados abiertos en el curso de la legislatura que está a punto de terminar, y argumentando que la mejor evidencia de dicha reforma es que el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se ha incrementado en cuatro años en un 226%.
Un análisis más riguroso exigiría, en primer lugar, reconocer que la evolución presupuestaria del MAEC es sólo una parte, y no necesariamente la más importante, del gasto público total del Servicio Exterior español; en segundo lugar, sería preciso desvelar qué parte de dicho aumento corresponde al ámbito de la cooperación y cuánto se destina a la parte más tradicional del Ministerio; y, en tercer lugar, obligaría a analizar y debatir cómo este aumento presupuestario ha redundado en la mejoría del servicio público que el MAEC presta a los ciudadanos.
Uno de los principales servicios públicos que el MAEC presta es el de la emisión de visados y, a este respecto, cabe preguntarse si este servicio ha mejorado con este aumento presupuestario y si los costes privados que las posibles ineficiencias de este servicio público compensan los peligros que pretende evitar.
En concreto, raro es el foro económico en que comparece un responsable de nuestro Servicio Exterior y no surja una pregunta entorno a la agilización de visados para empresarios y profesionales extranjeros que se desplazan a nuestro país. La respuesta, naturalmente, es argumentar que estos retrasos se derivan de las obligaciones de nuestro país en el marco del Tratado Schengen.
Existen pocas empresas españolas activas en los mercados internacionales que no tengan quejas sobre este tema: enormes retrasos en la tramitación de visados para empresarios o funcionarios de otros países que deben venir a España; maltrato a los solicitantes en los consulados españoles, que transmiten una imagen-país deplorable; ausencia de sensibilidad ante la importancia que una visita de invitados extranjeros de este tipo puede tener para el éxito de los negocios de la empresa; despreocupación de los diplomáticos encargados del tema (tramitar visados no es un tema de glamour….), etc.
Existe un amplio campo para la mejora y agilización de los procedimientos administrativos españoles en la tramitación de estos visados; y, por otro lado, persiste la impresión de que, en este ámbito, nuestras autoridades interpretan sus obligaciones con un rigor que no es compartido por otros países firmantes de dicho Tratado, lo que opera, directamente, en contra de los intereses económicos españoles.
Para muchas empresas, la primera medida a tomar sería la creación de un canal empresarial para la tramitación de visados de empresarios y funcionarios que son invitados a viajar a España por razones comerciales y de negocios. Sería una forma de acompañar el exuberante discurso de la Administración sobre internacionalización, fomento de la competitividad, etc., con una medida concreta que intente afrontar un problema real que daña seriamente la internacionalización de las empresas.
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