El mercado de los sábados y las necesidades financieras de las PYMES
Roque San Severino
El sábado siempre ha sido un día especial en Balmaseda, particularmente, porque en la plaza rectangular que se sitúa entre la iglesia de los Padres y las escuelas municipales se celebraba el mercado. Ese día bajaban al cauce del Cadagua los vecinos de los caseríos circundantes para vender sus puerros y patatas. Bajaban de la peña de Losa para vender sus quesos y de Villarcayo o Arceniega con ristras de chorizos y morcillas. Así era antes de que los supermercados de Tere y de Ambrosio los convirtiera en sombras de un pasado comercial que fuera la esencia misma de la Villa, su origen y su razón de ser. Desde la ocupación romana y el medievo, su ubicua ubicación de paso natural entre la Meseta y el valle del Nervión, camino del cantábrico y sus puertos que miran a Europa, hizo que el comercio fuera lo que diera esplendor y sentido a un enclave que, de otra manera, nunca hubiese llegado a ser lo que una vez fue.
La realidad española no es muy diferente y, hace pocas fechas, este cronista tuvo ocasión de asistir a un foro donde personas muy principales y duchas en la cosa pública se mostraban abrumadas por la crisis económica que sólo comienza a asentarse entre nosotros. Una participante particularmente lúcida argumentó que, en el marasmo de confusión que nos abruma, posiblemente, haríamos bien en escuchar a quienes sobrevivieron e, incluso, prosperaron en crisis anteriores, que las hubo y las seguirá habiendo. Así, sumido en esta reflexión, alcancé la conclusión de que uno de los componentes fundamentales de la estrategia de política económica articulada para plantar cara a la crisis del 92 fue, como no podía ser de otra manera, dada la naturaleza misma de la aquella crisis, la de la promoción de exportaciones, encarnada en tres pilares básicos como fueron: las tres devaluaciones sucesivas de la peseta, el reforzamiento presupuestario del ICEX y la intensificación de los instrumentos financieros de fomento de la exportación. Estas iniciativas permitieron practicar un “keynesianismo a distancia” que, a su vez, impidió la pérdida de puestos de trabajo, entonces y ahora la variable clave de la política económica, en sectores, otrora, tan importantes como la industria naval, la ingeniería y las infraestructuras.
Con sus matices, habría que reflexionar en qué medida la presente crisis no hace sino retrotraernos a momentos en los que, en el mercado internacional, la ausencia de medios crediticios determinaba que la disponibilidad de crédito era una condición inexcusable para la exportación. Si esto es así, la reconstrucción de los instrumentos financieros de fomento financiero es determinante para el mantenimiento, sobre la base de la actividad exportadora, de la actividad en el sector real de la economía española. Aunque ya se expusieron en otra crónica, conviene recordar que los ejes básicos de esta reconstrucción deben ser:
- Revisión el margen pagadero a la banca en operaciones de financiación de exportaciones a través del sistema de Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses.
- Revisión de las condiciones de cobertura del riesgo de crédito a la exportación, para riesgos tanto políticos como comerciales, que, por cuenta el Estado extiende CESCE.
- Reforma de la arquitectura institucional del sistema español de financiación de exportaciones.
- Impulso de una reforma de la normativa internacional en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial (Consenso de la OCDE), diseñada para un mundo que, sencillamente, ya no existe.
Una de las propuestas que, a lo largo de los meses, han circulado para aliviar la situación financiera de los exportadores es la de la resurrección de una figura que, en su día, tuvo una enorme importancia y, todo hay que recordarlo, causó no poco quebraderos de cabeza. Este es el caso de la financiación del capital circulante para exportadores. Todavía hay quien recuerda como las calles que albergaban las residencias de los heroicos exportadores de los sesenta recibían, en muchas ciudades mediterráneas, el apelativo de “avenida del capital circulante”.
Sin embargo, esta iniciativa responde a una realidad innegable como es que las empresas españolas, exportadoras o no, no tienen acceso al crédito, tanto por las propias dificultades financieras de las entidades bancarias como por el fenómeno de “crowding out” que están protagonizando las administraciones públicas. Sin embargo, en esa discusión sobre el sexo de los ángeles que nos traemos los economistas acerca de si ésta es una crisis de liquidez o crisis de solvencia, la realidad es que los recursos financieros no llegan a las empresas y el test ácido sobre si son galgos o son podencos la va a proporcionar la revolucionaria línea de crédito que, recientemente, ha estructurado el ICO, de 5.000 millones de Euros, destinada a la financiación de circulante en las pequeñas y medianas empresas. Revolucionaria por que es la primera vez que el ICO financia circulante; hasta ahora sus facilidades eran destinadas a la financiación de nuevas inversiones. Test ácido porque, si las empresas acceden a estas facilidades financieras, se comprobará que la presente no es una crisis de solvencia.
Sin embargo, cabe albergar dudas. Existen suficientes indicadores como para sospechar que, incluso disponiendo de recursos líquidos, proporcionados por el ICO, los bancos consideran que no tienen capacidad de asunción de riesgo. Así, con la estructuración de un sistema para la adquisición de activos bancarios, si el interbancario está seco por problemas de confianza, porqué van a considerar los bancos que las PYMES son mejor riesgo que los demás bancos. En consecuencia, es altamente probable que la apuesta del Gobierno español para inyectar liquidez a las empresas no dé todo el resultado esperado, en la medida en que, en las presentes circunstancias, la variable determinante de las decisiones financieras es más el riesgo que la disponibilidad de recursos líquidos, en una coyuntura de tasas de morosidad en alarmante alza.
En estas circunstancias, cabe preguntarse qué se puede hacer desde los poderes públicos para facilitar el acceso de las PYMES a la financiación de circulante. La respuesta se puede intuir si se cae en la cuenta de que el Estado es socio, mayoritario en un caso y preeminente en el otro, de dos de las principales compañías de seguro de crédito que operan en el mercado interior español. Efectivamente, el Estado es propietario del 50,1% de CESCE y del 9,88% de Crédito y Caución, tras la privatización de su paquete mayoritario a principios del presente año. A su vez, la operativa de CESCE, en el ámbito exportador, ofrece el precedente de tener dos líneas operativas: por cuenta propia, contra el propio balance de la compañía, y por cuenta del Estado, cuyos resultados giran contra el presupuesto público. Así, cabe imaginar la articulación de un sistema de seguro de crédito por cuenta del Estado que, dentro de límites cuantitativos y condiciones contractuales establecidas, asegure las transacciones interiores entre PYMES.
Es cierto que esta medida no sería sustitutiva de las líneas de crédito del ICO y mucho menos de los procesos de adquisición de activos diseñados para inyectar liquidez al sistema bancario español, pero hay que recordar que tan importante como el crédito bancario es la financiación comercial que se facilitan las empresas con sus aplazamientos en los pagos. Esta medida iría encaminada a cimentar esta segunda vertiente crediticia, cuya importancia relativa se acreciente en momentos, como el presente, en el que los esfuerzos gubernamentales encaminados a que las inyecciones de liquidez oficial lleguen las empresas parecen resultar, por motivos comprensibles, infructuosos.
Más que ingenuo, sería de falsario no reconocer que esta propuesta no está exenta de problemas y, aunque en recientes iniciativas, como el cobro de determinados servicios por parte del ICEX, al Gobierno se le han hecho los dedos huéspedes a la hora de valorar estos factores, es preciso que esta propuesta pase por la criba intelectual, metodológica y política de la adicionalidad, la subsidiariedad y la competencia. Este sería, en todo caso, un complemento temporal y, si vienen tiempos mejores, securitizable, diseñado, de manera específica, para hacer frente a una coyuntura económica que precisa, de manera inexcusable e inaplazable, de mecanismos que aseguren la financiación empresarial, a fin de evitar o siquiera minimizar los efectos de una crisis cuyos efectos sobre el sector real de la economía están aún por materializarse con toda su virulencia. Esta propuesta, por otro lado, presenta el beneficio colateral de no tener una incidencia directa sobre el gasto público, al encuadrarse dentro del capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado, lo que, en los tiempos que corren de necesidades infinitas y recursos limitados, siempre es digno de consideración.
Aunque la vida es un largo caminar para volver siempre al mismo sitio y el tirón que ejerce el terruño sobre el ánimo de un encartado es diferencial con respecto al común de los mortales, la verdad es que salir de los límites del valle del Cadagua contribuye a la formación y ensancha las entendederas. Así, en una de las contadas ocasiones en que uno se aventuró, no sin confesado temor existencial, más allá de El Berrón, aprendió en las llanuras del Mississippi próximas al lago Pontchartrain una frase que siempre ha resultado fuente de inspiración y que reza: “If all you ever do is all you’ve ever done, then all you’ll ever get is all you ever got”. Así, la obligación de aportar ideas para el bien común es, muchas veces, íntima y, siempre, una hija de la lealtad.