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El Servicio Exterior español: algunas incómodas verdades

Magdalena Cadagua

                                                        MAEC SEDE SANTA CRUZ

La política exterior y el servicio exterior españoles, ambos en sus acepciones más amplias, volverán, de manera inminente, a ser objeto de análisis, valoración y debate político. Así, resulta preciso que los diversos colectivos participantes en estos procesos, en primer lugar, reflexionen acerca del alcance de ambos conceptos en el marco de una Administración moderna.

Como un Guadiana predecible, cuando se dan las condiciones necesarias y suficientes, surge el debate sobre la crisis y necesidad de reforma del Servicio Exterior español. Así, el arranque de una legislatura es particularmente propicio para ello, cuando los nombramientos ministeriales están aún por producirse y las prioridades presupuestarias por ser definidas. Las voces van y las propuestas vienen, cruzándose prejuicios y velados reproches con apelaciones a la modernidad y recuerdos de un pasado más idealizado que ideal.

Así, lo primero que hay que aclarar, en abierto debate con recientes opiniones publicadas, es que la crisis y reforme del Servicio Exterior no son la crisis y reforma del Ministerio de Asuntos Exteriores, que algunos todavía conciben como un ministerio “premium”, con labores de coordinación que algunos confunden con superioridad jerárquica. De ahí que, en un claro error conceptual, se identifica embajadas y consulados con Servicio Exterior y a las mal llamadas “oficinas sectoriales” con simples apéndices subordinados, cuyas comunicaciones con sus respectivos ministerios, en materias y competencias que son propias de estos, contribuyen, se argumenta, a la descoordinación.

El Servicio Exterior, en una Administración moderna, es el conjunto de medios, recursos y personal que conforma y ejecuta la actividad exterior de un Estado, que no puede ser sino una proyección de los objetivos y prioridades establecidos en la política interior. Desde este punto de vista operativo y funcional, al Ministerio de Asuntos Exteriores no le corresponde ninguna función de coordinación de políticas, que es labor propia e irrenunciable del Gobierno y de la Administración en su conjunto.

Por consiguiente, no cabe confundir los problemas y las reformas que, sin duda, aquejan al Servicio Exterior español con los del Ministerio de Asuntos Exteriores o de la Carrera Diplomática, pues estos son sólo una parte de aquél y, en los actuales momentos y circunstancias, ni la más amplia ni la más determinante, a la vista de las prioridades políticas españolas.

El verdadero problema, la razón de fondo de la crisis del Servicio Exterior español es la inexistencia de política exterior, de identificación de sus intereses y de determinación de sus objetivos. Así, la política exterior española, desde hace ya demasiados años, se caracteriza, en primer lugar, por el muddling through, el dejarse llevar y adoptar posturas en función del consenso percibido. De esta manera, el Servicio Exterior, lejos de ser un generador de estrategias, de ideas, de alternativas y de propuestas, se ha trastocado en un simple gestor de informaciones y novedades, a la espera de instrucciones.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la dotación de recursos financieros y humanos, poca duda cabe que se han cometido importantes errores, promoviendo innecesarias ampliaciones de los principales cuerpos funcionariales dedicados al Servicios Exterior, como si el mayor número de funcionarios incrementara la importancia relativa del correspondiente ministerio, y aumentando los gastos de personal, en detrimento, nunca explícito, de las inversiones. Esto implica que los medios informáticos, a manera de ejemplo, son dispersos y carentes de estructura unitaria, en una especie de sálvese quien pueda, y fiel reflejo de la sobreabundancia de plataformas, páginas web, “intranets” y presencias en redes sociales que hoy caracteriza la complicada y compleja estructura informática pública española.

Ya es reiterativo apelar, de manera velada o explicita, al argumento elevado a la categoría de axioma de la “unidad de acción en el exterior” para reclamar primacías y primogenituras sin reflexionar con criterios organizativos, en ausencia de cualquier análisis coste-eficacia y apoyando los planteamientos con argumentos y técnicas más propios de la diplomacia del siglo XIX que de una Administración Pública del siglo XXI.  El resultado es lo que hoy tenemos en España, esto es, una política exterior improvisada y caracterizada por bruscos vaivenes y ausencia real de estrategias, más allá de alinearse con la mayoría, y un Servicio Exterior, en su concepción y dimensión real, desmotivado y carente de incentivos, empobrecido y más interesado en gestionar lo que hay que en mejorarlo.