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El gobierno español ha puesto finalmente en marcha la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). En el Consejo de Ministros de la pasada semana aprobó los proyectos de ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y el Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa (FIEM), con los que se consagra la división de este instrumento.
En cuanto al FIEM, la referencia del Consejo señala que tendrá “el objetivo exclusivo de apoyar la internacionalización de las empresas españolas, aunque plenamente coherente y compatible con la política de cooperación al desarrollo”.
Por su parte, en relación con el FONPRODE se señala que “la reforma significa detraer cualquier finalidad de tipo comercial del Fondo” y, lo que es especialmente significativo, que “la ayuda que se desembolse con cargo al FONPRODE no tendrá carácter ligado, tal y como recomienda el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE”.
El FAD ha sido desde hace tiempo un instrumento controvertido. Pero las controversias sobre el FAD se han debido, de forma muy mayoritaria, a dos razones. Por un lado, su utilización como arma para atacar al adversario político. En este sentido, el debate por el FAD ha estado viciado, en una práctica desgraciadamente muy corriente en España, por el afán de intentar dañar al contrario político, aunque en el camino se causen daños y perjuicios a instrumentos, personas, instituciones, etc. Sembrar dudas y acusaciones sobre las irregularidades con las que era utilizado el FAD fue algo habitual desde principios de los noventa.
Por otra parte, las críticas contra el FAD han provenido de sectores de ONG vinculadas a la cooperación para el desarrollo y de determinadas áreas de la Administración Pública, en este caso por un deseo de “apropiarse” para su esfera de actuación de estos fondos.
Pero el FAD, en nuestra opinión, ha sido un instrumento eficaz de manera muy generalizada; lógicamente ha habido algunos casos en los, por diversos motivos, su utilización pudo no ser correcta, pero son casos muy minoritarios. Su gestión por parte de la Secretaría de Estado de Comercio fue eficaz y flexible, sobre todo hasta que empezó a estar sometida a los condicionantes de la “transparencia” y al temor de recibir críticas en cualquier momento por motivos políticos.
El FAD compatibilizó con éxito durante un largo periodo de tiempo su doble función de ayuda al desarrollo y apoyo a la internacionalización de la empresa española. Los créditos FAD posibilitaron que empresas españolas realizaran proyectos importantes, de prestigio, que contribuían de manera incuestionable al desarrollo de los países beneficiarios al mismo tiempo que favorecían la internacionalización de aquéllas.
Ahora se anuncia que el nuevo fondo, el FONPRODE, dará ayudas desligadas. Esto significa que en los actuales momentos de crisis, en los que España bate records en desempleo y se encuentra en una fase más aguda de la crisis que la mayor parte de los países industrializados, los fondos públicos españoles, es decir, los fondos procedentes de los contribuyentes españoles, podrán ser utilizados para financiar proyectos de ayuda al desarrollo ejecutados por empresas alemanas, francesas, estadounidenses. ¿Está esto justificado….?
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