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Las políticas de fomento del emprendimiento

 

Balmaseda, el Talgo y las políticas de fomento del emprendimiento



Roque San Severino

So pena de reiteración, conviene recordar que el Talgo, uno de los contados éxitos tecnológicos españoles, fue concebido en Balmaseda, siendo Alejandro Goicoechea ingeniero del Ferrocarril de La Robla. Ciertamente, el genio era el ingeniero militar, pero el ingenio lo proporcionaron numerosos mecánicos, fresadores y soldadores balmasedanos, que pusieron su pericia al servicio de una idea, entonces, revolucionaria. Pero el éxito se hubiera quedado en bastante poco si a la ciencia y la habilidad no se une la capacidad financiera y comercial de José Luis Oriol Urigüen, que convirtió en palpable y rentable lo que podría haberse quedado, tan sólo, en un chispazo de brillantez teórica. Sin embargo, no dejan de ser terriblemente curiosos dos rasgos básicos de esta aventura tecnológica española. La primera es que no llegó a generar un proyecto industrial, permaneciendo como un negocio de explotación de patentes. La segunda es que la internacionalización de este proyecto no se materializa hasta 1992, esto es, con exactitud, cincuenta años después de la construcción del llamado Talgo I.

Por supuesto, los tiempos eran otros, las circunstancias diferentes y las posibilidades menores. Sin embargo, este caso puede ser un ejemplo singular de algo, relativamente, escaso en la historia del capitalismo español como es el de los recursos financieros puestos al servicio de un proyecto tecnológico autóctono. Está claro que, en la, para algunos, raquítica historia el capitalismo industrial español, existen numerosos de financiación, tanto pública como privada, puesta al servicio de proyectos de innovación tecnológica, con el “caveat” de que, en la mayor parte de los casos, esta era de origen extranjero y su explotación ya tenía importantes precedentes. La causa de ello es uno de los contados consensos sociales de general aceptación en España como es aquel que reconoce el distanciamiento entre universidad y empresa, entre ciencia y capital.

La presente crisis ha puesto de manifiesto la irrelevancia, en el marco de una economía abierta que forma parte de una unión económica y monetaria, de políticas de demanda que filtran su efectividad a través del sector exterior. Los impulsos fiscales se han visto, sistemáticamente, compensados por un aumento de las importaciones, dando como resultado una economía endeudada y aún en recesión.

Por este motivo, es casi seguro que, en un plazo de tiempo relativamente corto, asistiremos, en España, a un cambio fundamental en la orientación de la política económica, en la que se combine la austeridad de las cuentas públicas, consustancial a un proceso de reducción del endeudamiento público, con políticas de oferta, centradas en facilitar un cambio en la distribución sectorial de la economía española, reduciendo la importancia del sector de la construcción y facilitando la absorción del exceso de mano de obra ocupada en el mismo por parte de otros sectores.

Sin embargo, estas políticas de oferta no pueden ser un calco de las desarrolladas hace, prácticamente, dos décadas y si, en aquella ocasión, el protagonismo correspondió a la política de pequeña y mediana empresa, ahora estas nuevas políticas por el lado de la oferta han de girar en torno a un triple eje:

-  Internacionalización
- Competitividad
- Emprendedurismo o, mejor, emprendimiento.

Las dos primeras han recibido mucha atención desde este cronicón y lo continuarán haciendo en el futuro inmediato. Por este motivo, resultará más provechoso centrarse en el tercer pilar de este, inevitablemente, nuevo componente de la política económica española.

La reflexión sugiere que existen, en esencia y desde un punto de vista de políticas públicas, dos modelos de innovación: el cientifista y el economicista. El primero ha sido el tradicional en España. Consiste en apoyar la producción científica, tanto universitaria como de instituciones especializadas de investigación, con la esperanza de que exista un cierto “spillover effect” que permita la transformación de dicha ciencia en tecnología y que, después, sean las fuerzas de mercado las que transformen dicha tecnología en bienes y servicios susceptibles de ser comercializados en el mercado.

Frente a esta concepción, que toma a la producción científica como eje motor de la innovación, se coloca una visión economicista que considera que la ciencia, a fin de que pueda dar lugar a una tecnología susceptible de ser colocada en el mercado, ha de estar, directamente, en contacto con las fuerzas de dicho mercado.

Lo cierto es que una visión global de los diversos modelos y experiencias habidas, en el mundo, en materia de innovación, demuestra que la realidad no responde a estos dos modelos puros sino que, por el contrario, dichas experiencias exitosas responden, más bien, a patrones híbridos. El modelo español, con salvedades y excepciones, responde más bien a un modelo cientifista, no hay más que comprobar su ubicación administrativa, y, posiblemente, en ello radique su relativa falta de éxito. Por consiguiente, parece necesario que la sociedad española se plantee la posibilidad de revisar dicha orientación e introducir un fuerte componente economicista en su política de innovación. En este cambio de orientación, es central la política de emprendimiento, de fomento de la actividad empresarial y de generación de un nuevo esquema de valoración del emprendedor y su actividad, como ya existe en otros países, pero aún no en el nuestro.

Esta política de acercamiento de las actividades potencialmente generadoras de nuevos proyectos económicos a los estímulos de mercado gira, en esencia, en torno a una serie de factores, pero, desde un punto de vista de política económica, existe una clara prioridad como es la estructuración del sistema de nacional de fomento del emprendimiento. Dicha estructuración se fundamentaría en iniciativas como las siguientes:

- creación de una red integrada de semilleros de empresas, a partir de la implantación, con un apoyo presupuestario público inicial, de estas figuras en todas las universidades públicas y privadas;

- la consolidación e integración de esta red de semilleros generará un auténtico mercado de oportunidades de inversión, transparente y eficiente, lo que, a su vez, facilitará la constitución de núcleos de "business angels”, así como la práctica de "corporate venturing” por parte de las grandes empresas que, adicionalmente, permitirá la definición de estrategias de salida y desinversión.

- constitución de un mecanismo público y continuo de apoyo financiero del emprendimiento, de manera que los proyectos pudieran "graduarse" desde una fase temprana de apoyo hasta su completa absorción por mercado. Ello implicaría, en primer lugar, una consolidación de la oferta pública de capital riesgo, hoy dispersa en cuatro entidades diferentes, así como una ampliación de la oferta que abarque desde el "capital semilla", "accelerator investment”, "early stage investment” hasta las llamadas segundas rondas, previas a la colocación de la inversión en el mercado, ya sea a través de la venta a compradores estratégicos o, en determinadas circunstancias, mediante las oportunas operaciones de colocación en los mercados bursátiles (IPOs).

En definitiva, este sistema integrado de fomento del emprendimiento tiene como finalidad brindar un apoyo continuo a los proyectos empresariales de contenido innovador, evitando los posibles "gaps” que, habitualmente, se experimentan a lo largo del proceso de crecimiento y desarrollo de dichos proyectos y que, en gran medida, explican un alto porcentaje del proceso de "mortandad" de los mismos.

El éxito de un proyecto de esta naturaleza depende, evidentemente, de la capacidad de sus gestores para aplicar criterios de mercado que, a su vez, permitirán la supervivencia del proyecto empresarial una vez superado las distintas fases de apoyo. Por consiguiente, la aplicación de dichos criterios de mercado en las fases de identificación, selección, surgimiento y, en última instancia, salida resultan fundamentales para la continuidad misma de este sistema integrado de fomento del emprendimiento.

A la vista de estas reflexiones, por supuesto, no faltarán las voces que cuestionen la necesidad de que este proyecto tenga su origen en la iniciativa pública, argumentando, no sin razón, que modelos similares han surgido, en otras partes del mundo, estrictamente, como resultado de la iniciativa privada. Poco cabría objetar a esta afirmación en el terreno de los principios; sin embargo, en el ámbito de las realidades, es preciso reconocer que esas experiencias fundamentadas en la iniciativa privada parten de una realidad industrial bien diferente de la española y donde el conjunto de empresas de corte tecnológico, muchas de ellas, a su vez, resultado de inversiones de capital riesgo y de apoyo al emprendimiento, tiene una masa crítica suficiente. Por su puesto, siempre se producirán excepciones; no obstante, en el caso español, poca duda cabe de que, en el corto plazo, la iniciativa pública en este ámbito resulta imprescindible.

Parece evidente que la distancia actualmente existente entre los programas públicos de capital riesgo, por un lado, de fomento del emprendimiento, por otro, y de innovación, por otro, no ha producido los resultados deseados, a pesar del voluntarismo político y del nominalismo de las altas cifras de inversión. Por consiguiente, resultaría oportuno considerar la posibilidad de una integración de estos tres ámbitos de una política económica visualizada por el lado de la oferta.

A parte del recuerdo, poco quedó en Balmaseda del éxito de innovación que supuso el Talgo. Muy pronto, la fabricación del primer tren se llevó a Oñate y con ella se fueron las esperanzas de éxito y prominencia de una villa que, en sus propias limitaciones, tiene el origen de sus fracasos. La insuficiencia de un sistema nacional de apoyo al emprendimiento resultará, igualmente, en una pérdida de oportunidades, pues al talento y a la imaginación, como al campo, no se pueden colocar puertas.